En abril de 1931, entre la alegría popular y la esperanza de la mayoría de la población se proclamó la Segunda República Española, la primera experiencia democrática en nuestro país. Inmediatamente, el nuevo régimen abordó la solución de problemas que, en algunos casos, venían agobiando a España desde hacía siglos y que le impedían situarse a la altura de Europa. Los gobiernos del bienio reformista (1931-1933) trataron, en tan breve tiempo, de conseguir la afirmación de la supremacía del poder civil sobre el Ejército, la separación entre la Iglesia y el Estado, la reforma agraria, la incorporación de la mujer –sometida hasta ese momento a la condición de súbdita- a la ciudadanía, mediante la concesión del voto y la absoluta igualdad jurídica entre hombres y mujeres; la modernización del país a través de diversas medidas económicas, sociales y políticas; el reconocimiento de numerosos derechos individuales y colectivos; la dignificación y elevación del nivel de vida de los trabajadores y la configuración de un estado que respetase las peculiaridades de regiones y nacionalidades diversas.
Muy importante fue el esfuerzo y la atención dedicados a la enseñanza, mediante la construcción de escuelas y la renovación del profesorado; los gobernantes republicanos estaban convencidos de que, mediante la educación, España conseguiría un mejor desarrollo económico y, sobre todo, unos ciudadanos más conscientes de sus derechos y deberes. La Constitución de 1931 plasmó así muchas de las características de un país moderno y progresista, en una situación internacional complicada por las consecuencias de la crisis económica de 1929 y del ascenso de los totalitarismos en Europa.
Pronto, la resistencia de una minoría a perder sus privilegios y la impaciencia de quienes venían sufriendo desde años atrás una situación injusta provocaron tensiones que siempre suelen aparecer cuando, en lugar de aplazar los problemas, se abordan con intención de solucionarlos. España inició entonces, con algunos errores y vacilaciones, un camino hacia el progreso que fue truncado en julio de 1936 por la sublevación de unos militares que habían jurado fidelidad al gobierno legítimo de la República. Antes, esas reformas iniciadas en 1931 por republicanos y socialistas habían sido revisadas y anuladas en gran parte por las derechas, tras su victoria electoral en 1933, pero la victoria de la izquierda, organizada en un Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, convenció a sus oponentes de que no era posible modificar el curso de los acontecimientos por medios pacíficos y optaron por la vía insurreccional.
En julio de 1936, el golpe de estado de los militares traidores al gobierno legítimamente elegido, a diferencia de otros anteriores, tropezó con una gran resistencia popular, lo que dio origen a una larga guerra civil, que tuvo también un componente internacional evidente. Las potencias fascistas (Alemania e Italia) desde el primer momento aportaron a los sublevados grandes cantidades de material y numerosos combatientes. A ello se unió la vergonzosa actitud de las democracias occidentales, que optaron por la No Intervención, que en primer lugar, ponía el mismo nivel a un gobierno legítimo y a unos militares sublevados contra él, y en segundo lugar, afectó sólo a quienes deseaban ayudar a la República, pues los franquistas recibieron constantemente ayuda de Portugal, Italia y Alemania. Ambas cosas hicieron imposible, tras casi tres años de encarnizados combates, la heroica resistencia del pueblo español.
Tras la batalla del Ebro y el Pacto de Munich, en el que se consagraba la política inhibitoria de los países democráticos ante los avances del fascismo y del nazismo, el gobierno republicano trató de conseguir una mediación internacional que permitiese una paz honrosa. A finales de febrero de 1939, la caída de Cataluña, la dimisión de Azaña, la huida de la flota republicana desde Cartagena y la creación del Consejo Nacional de Defensa en Madrid precipitaron los acontecimientos y dejaron a la España republicana extraordinariamente dividida e inerme ante sus enemigos.
Lógicamente, los puertos del Mediterráneo y en especial el de Alicante se convirtieron en la última esperanza de salvación. A lo largo del mes de marzo fueron saliendo del puerto alicantino varios barcos –el “Winipeg”, el “Marionga”, el “Ronwyn” y el “African Trader”- con centenares de pasajeros. A partir del 27 de ese mes comenzaron a afluir a Alicante miles y miles de republicanos: las calles de la ciudad estaban llenas de vehículos de todo tipo y por ella deambulaban soldados, mujeres y niños que se dirigían al puerto y que en muchos casos, se cruzaban ya con los falangistas y miembros de la quinta columna que comenzaban a ocupar los centros de poder. Se concentraron así en el puerto entre quince y veinte mil personas, de las cuales más de tres mil pudieron embarcar en la noche del 28 de marzo en el
Stanbrook, un barco que había hecho varios viajes para ayudar a la República y que fue fletado por la Federación Provincial Socialista alicantina, gracias a las gestiones de Rodolfo Llopis. “El barco iba lleno hasta el palo mayor. En todos los lugares había alguien; en las bodegas, en el puente y sobre el techo de las cocinas y las máquinas; la línea de flotación estaba sumergida”. Su capitán, Archibald Dickson, consiguió salir del puerto y nada más dejar atrás la bocana, un avión fascista arrojó dos bombas que por fortuna no hicieron blanco.
El Stanbrook tuvo que navegar en zig-zag, por una ruta irregular, para evitar nuevos ataques. Horas después, partía el Maritime, que tenía un tonelaje superior, pero cuyo capitán apenas admitió a treinta y dos pasajeros, mientras quedaba en el muelle una multitud desesperada que iba engrosando minuto a minuto. El Stanbrook arribó a Orán, el puerto del norte de África más cercano y la ciudad con la que Alicante tenía fuertes lazos de amistad, pues allí residían muchas familias alicantinas que habían emigrado en busca de una mejor situación económica, y permaneció aislado, en cuarentena, separado de tierra firme por alambradas y tropas coloniales. Las mujeres, los niños –más de cien menores de diez años iban en el barco-, los enfermos y ancianos fueron desembarcados en los primeros días, pero la mayoría de los refugiados tuvieron que esperar casi un mes para poder bajar a tierra, siendo instalados en varios campos de concentración, y no sin que antes se abonasen los gastos de alimentación y estancia en el puerto.
Pese a la solidaridad de la colonia española y de muchos compañeros franceses de izquierdas, las condiciones higiénicas eran terribles y al final se declaró una epidemia de tifus que obligó a las autoridades francesas a desalojar el barco. Meses después, en noviembre, el Stanbrook fue torpedeado por un submarino alemán en la segunda guerra mundial, que de hecho continuaba la guerra iniciada en España contra el nazismo y el fascismo. Cuando llegó la noticia a los campos de concentración norteafricanos los republicanos españoles guardaron un minuto de silencio en su recuerdo.
En el puerto de Alicante todavía quedaba una multitud de republicanos en espera de la llegada de los prometidos barcos. Se intentó, por mediación de los cónsules de Argentina y Cuba y los miembros de una Delegación Internacional, establecer una zona neutra, hasta tanto se negociaba la salida de los refugiados. Todo fue inútil. La entrada en la ciudad de las tropas mercenarias italianas del General Gambara que constituían la División Littorio, en la tarde del día 30 de marzo, hizo imposible cualquier tipo de resistencia y en el mar no aparecieron los esperados barcos sino que fue, de repente, una muralla infranqueable. Cundió la desesperación entre los atrapados en el puerto y se produjeron algunos suicidios. Poco a poco, y hasta la mañana del día primero de abril de 1939, se fue desalojando el último territorio leal a la República, y los últimos hombres y mujeres que resistieron la sublevación fascista, ya cautivos, fueron llevados a un campo de Almendros, situado entre la Goteta y Vistahermosa, siendo –según varios testimonios- ayudados por la población civil en esta triste marcha. Otros fueron encerrados en los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, en la Plaza de Toros, en algunos cines, en la Escuela de Ciegos y en el propio Reformatorio de Adultos.
En el campo de los Almendros, los prisioneros republicanos estuvieron en unas condiciones penosísimas, sin comida y casi sin agua, durante cinco o seis días hasta que fueron trasladados a diversas cárceles y, en especial, hacinados en vagones de trenes de mercancías, al campo de concentración de Albatera. Algunos consiguieron escapar del campo de los Almendros, pero toda España era ya una inmensa cárcel. Se iniciaba así un largo camino de sufrimientos y cautividad en el que miles y miles de personas fueron calumniadas, vejadas, encarceladas y ejecutadas tras unos juicios sumarísimos que hoy no se quieren revisar. Y hubieron de sobrevivir en condiciones penosísimas, tanto en el exilio, como en los campos de concentración, en las cárceles superpobladas o realizando trabajos forzados para la construcción de monumentos, pantanos, carreteras, y como todos los vencidos, tuvieron que seguir ocultando durante muchísimos años sus ideas.
Porque el final de la guerra no supuso la paz, sino la Victoria y así se hacía constar en los documentos oficiales. No hubo, como pedía el presidente Manuel Azaña en su discurso de julio de 1938 en Barcelona, ni paz, ni piedad ni perdón para los vencidos, que fueron perseguidos sin descanso y a los que incluso se quiso eliminar de la propia historia española, calificándolos como la anti-España. A personas como Antonio Machado, Rafael Altamira, Pau Casals, Pablo Picasso, Max Aub, León Felipe, Miguel Hernández, Eliseo Gómez Serrano, Manuel Azaña y a miles y miles de “trabajadores de todas clases”, como decía en su artículo primero la Constitución republicana de 1931; a aquellos que precisamente habían intentado, cada uno desde su responsabilidad, llevar a la práctica valores tan importantes como la libertad y la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad, la extensión universal de la enseñanza entendida como servicio público, la paz y el respeto a los
Derechos Humanos, los derechos sociales, la supremacía del poder civil y el impulso a las virtudes cívicas.
Cuando se van a cumplir setenta y cinco años de estos trágicos sucesos, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene entre sus objetivos dar a conocer estos “lugares de la memoria” de los últimos momentos de la Segunda República. Para ello, ha propuesto la instalación de un monumento en el puerto y de un memorial en este “Campo de los almendros” que recuerden tanto a quienes tuvieron que abandonar su patria y murieron en el exilio, como a aquellos que fueron después encarcelados, juzgados, condenados y ejecutados sin las mínimas garantías jurídicas. Se intenta de este modo reparar una antigua injusticia, compensar una historia manipulada, combatir el olvido, saldar en definitiva una deuda moral que la democracia española salida de la transición sigue teniendo con quienes, en tiempos difíciles, defendieron una España tolerante, pacífica, culta y solidaria.
En las actividades que, sin duda, conmemorarán el final de la guerra civil, Alicante debe ocupar un lugar central, pues aquí se desarrollaron las últimas escenas de la tragedia y su puerto fue el escenario de los últimos momentos de la legalidad republicana, violada y transgredida por quienes, desde dentro y desde fuera de nuestro país, no podían admitir un resultado electoral que fuese en contra de sus intereses. Además, la guerra civil fue el prologo de la lucha contra el fascismo y el preludio, en definitiva, de la segunda guerra mundial. Debe ser ésta una ocasión para, de una vez por todas, recordar a quienes mantuvieron con enorme dignidad esa idea de España que trató de llevar a la práctica la II República, tanto lejos de su tierra, comiendo el triste pan del exilio, como sufriendo toda clase de penalidades en el exilio interior, en su propia patria. En definitiva, nuestra democracia enlazará así, mediante esta recuperación de la Memoria Histórica, con su antecedente más evidente, la II República española.
Durante la guerra civil, la actitud indigna de los países democráticos se plasmó en la doctrina de la No Intervención que, de derecho trataba igual a un gobierno legítimo y a quienes se había sublevado contra él, y de hecho no impidió la ayuda decisiva prestada por los regímenes fascistas de Italia y Alemania a los sublevados. Esa actitud, que tanto defraudó a los demócratas españoles, se repetiría cuando, al término de la guerra mundial, se vieron defraudadas, por un nuevo acuerdo de los países democráticos que no abordaron la supresión del régimen franquista que había llegado al poder mediante el apoyo de Alemania e Italia, derrotados en esa guerra europea. Es más, pronto fue reconocida y admitida la dictadura franquista en numerosos foros internacionales, pese a su negación de las libertades y de la democracia.
Tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, España inició un proceso de transición que desembocó en la institucionalización de un régimen democrático, sancionado por la Constitución de 1978, no sin antes aprobar un año antes una ley de amnistía que pretendía ser una ley de punto final, mientras las víctimas del régimen franquista quedaban olvidadas y sin reparación.
El año 1995 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobaba el informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, redactado por Louis Joinet, de conformidad con la resolución 1995/35. En dicho informe, se planteaba la necesidad de:
“adoptar a tal fin medidas nacionales e internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad” (...)
Toda sociedad tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos (...).
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la suerte que corrieron sus parientes, un derecho imprescriptible en caso de desaparición forzosa o de secuestro de menores. Para hacer efectivo ese derecho, los Estados crearán comisiones extrajudiciales de investigación y para asegurar la conservación de los archivos del período de referencia y su consulta.
Igualmente se fijan los principios generales del derecho de las victimas a obtener reparación mediante medidas de carácter simbólico, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, actos conmemorativos y narración fiel , en los manuales de historia, de lo realmente ocurrido.
La incorporación de España al proyecto de Unión Europea en 1986 no supuso ningún avance en la investigación de los crímenes del franquismo y en la reparación de las víctimas. La Ley de Memoria Histórica de 2007, si bien representó un paso adelante, no ha supuesto, en opinión de Amnistía Internacional, un avance hacia el esclarecimiento de la verdad histórica del franquismo. Amnistía Internacional cree que la verdad es parte fundamental de la justicia y que este país necesita conocerlo todo y repararlo todo.
A finales de septiembre del presente año 2013 una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha estado en España, como país firmante de la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, con el objetivo de esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas. En dicho Informe, la Comisión de la ONU "muestra su preocupación porque el marco normativo en vigor en España para “prevenir y sancionar las desapariciones forzosas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”.
La Comisión exige a España que deje de utilizar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo y reclama una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que permita la condena de los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. Así pues, el año de 2014, cuando se cumplen setenta y cinco años del final de la guerra civil, puede ser, pues, una buena oportunidad para que el Parlamento Europeo se implique en el reconocimiento de la verdad histórica y denuncie el hecho de que en España, pese al tiempo transcurrido, siguen intactos numerosos vestigios de la dictadura franquista y siguen sin ser reparadas sus víctimas, muchas de las cuales yacen enterradas en fosas aún no descubiertas. Una democracia sólida no puede construirse sobre el olvido, máxime cuando todavía, tantos años después, no se ha podido –por las dificultades para acceder a las fuentes- establecer en todas sus dimensiones la represión franquista ni se ha reparado la memoria de sus víctimas.
La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica
es la continuadora de una serie de actividades llevadas a cabo en Alicante para la recuperación de la Memoria Histórica, desde el Homenaje a los Pueblos de España a Miguel Hernández, celebrado en plena transición a la democracia, en 1976, hasta el que se rindió a las Brigadas Internacionales en 1996, pasando por el Homenaje Internacional a los Tres Poetas del Sacrificio –Miguel Hernández, García Lorca y Antonio Machado- que se llevó a efecto en 1985; la anual reunión, a finales de marzo, ante la tumba de Miguel Hernández en el cementerio alicantino, en la que se depositaban flores y se recitaban poemas; la inauguración de un monumento al poeta, obra de Agar Blasco, en el lugar donde estuvo la enfermería de la cárcel, hoy Juzgados, de Alicante, donde murió; o las actividades celebradas en 2001, cuando se cumplieron setenta años de la proclamación de la República.
Aunque la Comisión ha llevado a cabo numerosas actividades desde 2004, los ejes de su actividad han sido seis:
1. La eliminación de la ciudad de cualquier rastro de quienes protagonizaron la dictadura franquista, evitando la permanencia en ellas de los nombres de personas que se distinguieron por su apoyo a ideas totalitarias y su odio a la democracia.
2. La erección de un monumento en el puerto de Alicante, consistente en una escultura de Eusebio Sempere, en homenaje a los miles de republicanos, que a finales de marzo de 1939, tuvieron que marchar al exilio, del que muchos no regresaron.
3. La instalación de un “Memorial del Campo de los Almendros”, en recuerdo y homenaje de los miles de republicanos que no pudieron salir de Alicante y que fueron recluidos, en su mayoría, en este lugar, aunque otros lo fueron en otras dependencias de la ciudad, y que después sufrirían la dura represión franquista.
4. La colocación en el Mercado de Abastos de un monumento en recuerdo de las víctimas del bombardeo de la aviación italiana fascista a las órdenes de Franco, el 25 de mayo de 1938. Este objetivo se alcanzó, por fin, en mayo de 2013.
5. La señalización de las fosas comunes del cementerio de Alicante en las que descansan los restos de la mayoría de los republicanos fusilados por la dictadura franquista.
5. La anulación de la sentencia que condenaba a muerte a Miguel Hernández, que simboliza la de tantos republicanos condenados en juicios que no tenían las más mínimas garantías jurídicas.
Por todo ello, la Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica, en la conmemoración del 75 aniversario del final de la Guerra Civil española en el que la ciudad de Alicante y su puerto tuvieron un papel fundamental, intenta llevar a cabo dos actividades prioritarias:
• La instalación de un monumento en el puerto de Alicante, consistente en una escultura de Eusebio Sempere, en homenaje a los miles de republicanos, que a finales de marzo de 1939, tuvieron que marchar al exilio, del que muchos no regresaron.
• La instalación de un “Memorial del Campo de los Almendros”, en recuerdo y homenaje de los miles de republicanos que no pudieron salir de Alicante, que fueron recluidos, en su mayoría, en este lugar.
La Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica,
Está compuesta por. Personas independientes y los representantes de partidos, sindicatos y asociaciones:
PSOE, EUPV, PCPV, ERPV. CC.OO, UGT, CGT, STEPV, Logia Constante Alona, AACMH, AERP;
AGE, AEMHA.Y más de cien artistas plásticos de toda España.
